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Californianos tendrían nueva forma de demandar a las grandes empresas. Algunos demócratas están nerviosos 44%
By Ryan Sabalow51%
7/15/2026, 10:29:11 PM
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Un polémico proyecto de ley que los legisladores están debatiendo este año les plantea la siguiente pregunta: ¿Deberían los californianos tener derecho a demandar si una empresa utiliza tácticas desleales para asfixiar a su competencia?
El proyecto de ley 1776 de la Asamblea ampliaría la ley antimonopolio de California para permitir que las personas y las empresas que aleguen haber sido perjudicadas por los intentos de una empresa de sofocar la competencia puedan demandar ante un tribunal estatal.
Según la legislación californiana vigente desde hace mucho tiempo, este tipo de casos generalmente solo pueden presentarse cuando se sospecha que dos o más partes colaboran para sofocar a la competencia.
La ley federal permite la aplicación de la ley por una sola parte, pero los defensores de la Ley COMPETE de California afirman que los tribunales federales han debilitado la legislación antimonopolio hasta el punto de que el estado necesita definir su propio marco legal.
La disputa enfrenta a algunos de los grupos que más invierten en política en el estado —sindicatos y abogados litigantes— contra el poderoso lobby de las industrias empresariales y tecnológicas de California.
En conjunto, los grupos que luchan por este proyecto de ley han donado al menos 106 millones de dólares a las campañas de los legisladores desde el año 2000, según la base de datos Digital Democracy de CalMatters .
Quienes apoyan la medida afirman que les daría a los consumidores una forma de luchar para mantener abiertas las tiendas de comestibles y farmacias independientes, evitaría que las cadenas de suministro de granjas y restaurantes fueran controladas por empresas individuales y ofrecería a los pacientes más opciones para su atención médica.
La autora de la medida, la líder de la mayoría demócrata en la Asamblea , Cecilia Aguiar-Curry , declaró ante el Comité Judicial del Senado a finales del mes pasado que más del 75% de las industrias estadounidenses han experimentado un proceso de consolidación desde finales de la década de 1990.
“Cuando las empresas obtienen tanto poder y abusan de él, eso se traduce en precios más altos, menos opciones, menos oportunidades para que los emprendedores inicien pequeños negocios y salarios reducidos para las familias trabajadoras”, dijo Aguiar-Curry, quien representa el área de Davis.
Los grupos empresariales afirman que, de aprobarse la medida, se abriría una nueva vía para que bufetes de abogados sin escrúpulos extorsionen a las empresas.
Los empresarios llevan años quejándose de las leyes de California que permiten a activistas y a un floreciente grupo de abogados acosarlos con exigencias de dinero y demandas por cuestiones como el acceso para personas con discapacidad , las etiquetas de advertencia de los productos , las quejas laborales y la privacidad del consumidor .
La Cámara de Comercio de California estaba tan alarmada por este último intento de aumentar los riesgos legales de las empresas que, a principios de este año, sus lobistas colocaron vallas publicitarias cerca del Capitolio.
En ellas, señalaban directamente a Aguiar-Curry.
“Cecilia, los precios ya son bastante altos”, decía una valla publicitaria.
“No encarezcas aún más la vida de los consumidores californianos”.
El portavoz de la Cámara de Comercio, John Myers, declinó hacer declaraciones sobre las vallas publicitarias.
Los demócratas moderados siguen mostrándose recelosos.
Si el objetivo del grupo era presionar a los legisladores para que retiraran la medida, es posible que les haya resultado contraproducente.
El inusual ataque público contra un demócrata popular y de alto rango parece haber impulsado el apoyo al proyecto de ley, a pesar de la preocupación de varios demócratas moderados de que la legislación pudiera dificultar la actividad empresarial en California.
Al menos un experto en derecho de la competencia afirma que esas preocupaciones son válidas.
Babette Boliek, profesora de derecho en la Universidad de Pepperdine y ex economista jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, sostiene que el proyecto de ley es tan vago que "invitaría a los jueces a elegir ganadores y perdedores basándose en simpatías subjetivas en lugar de en daños cuantificables".
Lo comparó con tener “un límite de velocidad cuya existencia nadie conoce”.
El equipo de Aguiar-Curry se ha mostrado receptivo a algunas inquietudes.
Tras la resistencia inicial, añadió una exención destinada a proteger a las pequeñas empresas independientes de California, siempre que no tengan más de 100 empleados y hayan obtenido un promedio de 10 millones de dólares o más en ingresos brutos anuales durante los tres años anteriores.
Ben Golombek, vicepresidente ejecutivo de Cal Chamber, afirmó que miles de empresas californianas seguirían siendo vulnerables a costosos litigios, incluso por parte de sus competidores.
“Esta responsabilidad legal sin precedentes y masiva para las empresas de todos los tamaños —pequeñas, medianas y grandes— que crea este proyecto de ley es la razón por la que nos oponemos tanto a él”, dijo.
Mark Ramos, presidente del Consejo de los Estados Occidentales del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio Unidos, afirmó que la legislación garantizaría que la consolidación no redujera los salarios ni aumentara el precio de los productos para los trabajadores.
Añadió que, a medida que se fusionan las cadenas de supermercados, a sus afiliados también les resulta más difícil negociar salarios dignos que antes permitían a trabajadores como él costearse una vivienda.
“Con esa consolidación ha surgido el reto mayor de no poder negociar un contrato que permita a nuestros miembros prosperar en su economía local, porque estos comerciantes ya no tienen que competir entre sí”, dijo.
Democrat, State Senate, District 34 (Santa Ana)
Cecilia Aguiar-Curry
Democrat, State Assembly, District 4 (Davis)
Algunos demócratas, en particular el senador Tom Umberg , presidente demócrata del comité judicial, se muestran recelosos.
Históricamente, Umberg ha votado con el sindicato de Ramos y sus afiliados el 93% de las veces, según Digital Democracy.
Un punto clave para Umberg es si los ciudadanos y las empresas privadas podrían interponer demandas en virtud de lo que se conoce como "derecho de acción privado".
Umberg declaró ante el comité que, por el momento, solo desea que los fiscales locales y el fiscal general de California tengan esa autoridad.
“Queremos asegurarnos de no estar frenando la competencia mediante la amenaza de demandas judiciales”, declaró Umberg ante el comité .
Aguiar-Curry afirmó que implementaría la mayoría de los cambios solicitados por Umberg, pero no se comprometió a limitar la aplicación de la ley únicamente a los fiscales.
Indicó que continuaría trabajando para dificultar la presentación de demandas sin fundamento en la próxima versión del proyecto de ley.
¿Servirá esta medida como elemento disuasorio?
El proyecto de ley fue aprobado en la comisión con el único voto en contra de los republicanos, pero Umberg no votó cuando le llegó el turno, lo que equivale a votar "no".
La abstención es una táctica común entre los legisladores californianos para expresar su descontento con un proyecto de ley, evitando así un rotundo "no" que podría enfadar a poderosos grupos de interés o a sus colegas.
Umberg contó con el apoyo de otros 15 demócratas que no votaron cuando el proyecto fue aprobado por un estrecho margen en la Asamblea.
La Ley COMPETE será examinada nuevamente por el Comité de Asignaciones del Senado cuando los legisladores regresen de su receso de verano a principios de agosto.
Los partidarios esperan que la versión final no impida que los californianos demanden a una empresa por prácticas anticompetitivas.
Lee Hepner, asesor legal sénior del American Economic Liberties Project , un grupo activista contra las monopolizaciones, afirmó que es imperativo que los ciudadanos californianos comunes tengan derecho a emprender acciones legales.
De lo contrario, afirmó, las grandes corporaciones utilizarán su poder económico y su influencia política para presionar a los políticos y reguladores a fin de que les den vía libre.
“El derecho de acción privada es un contrapeso fundamental a la politización de la aplicación de las leyes antimonopolio, que amenaza todo el proyecto de controlar los mercados para garantizar la equidad”, afirmó.
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