Faulty reasoning signals

• Negativity Bias - 20.8%
• Unattributed Quote - 19.9%
• Appeal to Authority - 19.4%

Article text

Cuando Rafael Enrique Gámez Salas cruzó la frontera mexicana a finales de 2024, los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense creyeron al principio que era uno más de los cientos de miles de migrantes venezolanos huyendo de las devastadoras crisis económicas y políticas de su país. Pero hoy, el hombre de 40 años está sentado en una cárcel federal de Los Ángeles a la espera de ser extraditado a Chile, donde los fiscales lo acusan de ser un jefe del Tren de Aragua, la pandilla venezolana. Las autoridades chilenas dicen que Gámez organizó un secuestro que acabó en el asesinato de un exiliado disidente venezolano allí. Lo que es aún más preocupante, creen que actuó por orden del gobierno autoritario de Venezuela. Y durante los últimos seis meses, la administración Trump ha trabajado directamente con el poderoso funcionario venezolano que está bajo investigación por presuntamente haber ordenado el crimen: el ministro del Interior Diosdado Cabello. La improbable alianza con Cabello empezó en enero, cuando fuerzas de operaciones especiales estadounidenses descendieron sobre Caracas, capturaron al presidente Nicolás Maduro y lo transportaron a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Mientras los detractores criticaron la operación como una agresión descarada contra la soberanía de Venezuela, la administración Trump anunció que estaba restableciendo la ley y el orden en una región conflictiva y empezó a reestructurar la arruinada economía venezolana e imponer control sobre la masiva industria petrolera. Pero el gobierno de Trump ha dejado a Cabello en su puesto, a pesar del cúmulo de acusaciones por parte de Estados Unidos de haber liderado la represión de opositores políticos y de haberse enriquecido en alianzas ilícitas con grupos criminales. Cabello ha tenido un asiento en la mesa durante las visitas a Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario del Interior Doug Burgum , en las cuales se ha negociado sobre temas como el lucrativo sector minero de Venezuela. Antes de la captura de Maduro, autoridades de Estados Unidos habían imputado a Cabello y a un alto jefe del Tren de Aragua en la misma acusación federal por narcotráfico en la cual procesaron a Maduro, y habían ofrecido una recompensa de $25 millones por él. Cabello y otros líderes venezolanos apoyados por los Estados Unidos se convirtieron en blanco de las críticas en días recientes por su respuesta a los terremotos devastadores del 24 de junio que mataron a más de 3,600 personas, lesionaron a más de 16,000 y dejaron miles de desaparecidos. En un enfrentamiento televisado internacionalmente , Cabello tuvo un intercambio de palabras tenso con miembros de un equipo de búsqueda y rescate estadounidense que estaban en camino a ayudar a víctimas en una zona fuertemente dañada. Críticos de la lenta respuesta venezolana al desastre, entre ellos congresistas de Estados Unidos en Miami, acusaron a Cabello de interferir con los operativos de rescate y repitieron sus peticiones para que fuera arrestado por los cargos pendientes en EEUU. Pero una portavoz del Departamento de Estado minimizó la importancia del incidente y lo calificó de un “desafortunado malentendido”. A principios de esta semana, Cabello participó en una reunión con el General Francis Donovan del Southern Command, el jefe de operaciones militares de EEUU en Latinoamérica. Donovan visitó Venezuela para hablar de los operativos de ayuda en respuesta al terremoto, según informes de prensa y funcionarios venezolanos . Diosdado Cabello, a la derecha, durante una reunión en Caracas en marzo con la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el centro. El secretario de interior de EEUU, Doug Burgum, está a la izquierda. Leonardo Fernandez Viloria/Reuters En Chile, las autoridades están investigando a Cabello como el presunto autor intelectual del asesinato de un exoficial militar venezolano, teniente Ronald Ojeda, quien había participado en un fallido intento de instigar una rebelión contra Maduro. El fiscal general de Chile y otros altos funcionarios han dicho que Cabello se convirtió en un objetivo de la investigación en base a los testimonios de sospechosos capturados. Chile había concedido asilo político a Ojeda, quien tenía 32 años. Las autoridades dicen que sospechan que Cabello pagó a altos líderes de Tren de Aragua y que ellos, a su vez, encargaron el secuestro del ex soldado a pandilleros en Chile, liderados por Gámez. Los fiscales chilenos creen que Ojeda murió mientras sus captores le estaban torturando para obtener información sobre la oposición política venezolana. Después de que el presidente Donald Trump volvió al poder el año pasado, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios dijeron que el asesinato en Chile demostraba los vínculos del Tren de Aragua con las más altas esferas del gobierno venezolano y el alcance que tiene la pandilla a través de las Américas. El presidente designó a la pandilla como grupo terrorista y dijo que Maduro la había enviado a invadir los Estados Unidos , aunque algunos funcionarios de la ley dicen que la administración ha exagerado la amenaza para justificar deportaciones masivas. Mientras Chile solicita el retorno de Gámez y los fiscales preparan el juicio de 20 acusados, la administración Trump se ha mantenido callada sobre los presuntos roles del régimen y Cabello en la muerte de Ojeda. Funcionarios estadounidenses han ayudado a sus pares chilenos con el proceso de extradición, pero no han usado el caso para presionar a las autoridades venezolanas a expulsar, detener o entregar a Cabello, según funcionarios actuales y antiguos de Estados Unidos. Cuando se le preguntó a Rubio en una conferencia de prensa en mayo sobre si Estados Unidos todavía considera a Cabello un narcoterrorista, dio una breve respuesta. “La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado, y cuando cambie te dejaremos saber”, dijo. Todd Robinson, un diplomático de alto rango retirado que fue embajador de EEUU en Caracas, dijo que el mantenimiento en el poder de Cabello provoca interrogantes sobre si el anunciado compromiso de Estados Unidos con avanzar el estado de derecho en el hemisferio es real o una cobertura para sus intereses en explotar el petróleo de Venezuela. “Es realmente una idea horrible, horrible, dejarlo en su puesto”, dijo Robinson, quien fue expulsado de Venezuela en 2018 después de haber criticado abusos a los derechos humanos. “No sé cuál es su meta al hacer esto. Al menos que el asunto sea realmente el petróleo, no la democracia”. Otro antiguo diplomático de Estados Unidos, Brian Naranjo, que prestó servicio durante tres periodos en Venezuela, dijo que la administración parece más interesada en apaciguar a actores corruptos que en erradicarlos. Además de controlar las fuerzas de seguridad como ministro del interior y justicia, Cabello mantiene alianzas con guerrilleros en la vecina Colombia y otros grupos criminales que lo convierten en una amenaza a la estabilidad política, según Naranjo, otros funcionarios, disidentes y documentos judiciales de EEUU y Chile. Como resultado, dicen los críticos de la administración, Washington ve a Cabello como un mal necesario. “Mientras consiga la manera de seguir entregando cosas que la administración Trump quiere, creo que va a perdurar”, dijo Naranjo. En respuesta a una lista de preguntas de ProPublica, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que no iba a hacer comentarios sobre investigaciones en curso. La Casa Blanca refirió las preguntas al Departamento de Justicia. El Departamento de Estado y funcionarios del gobierno venezolano no respondieron a solicitudes de comentarios. Aunque Cabello no pudo ser localizado para hacer comentarios, ha rechazado públicamente las acusaciones de haber estado involucrado en el asesinato de Ojeda. Durante su programa de televisión en 2024, dijo, “Venezuela no tiene nada que ver con este secuestro. Nada. Arreglen sus problemas allá en Chile”. Cabello a veces empuña un mazo con púas en su programa de televisión, Con el Mazo Dando. Latin America News Agency via Reuters En lo que concierne a Gámez, ProPublica no ha encontrado información alguna que indique que el exconvicto venezolano fue acusado de algún delito violento durante los casi dos años que vivió en Estados Unidos. Entrevistado por teléfono y correo electrónico desde la cárcel federal en Los Ángeles, dijo que había trabajado duramente en un restaurante y como repartidor para mantener a su familia en Utah. Negó cualquier papel en la muerte de Ojeda o ser miembro del Tren de Aragua. También dijo que no tiene ningún vínculo con Cabello. Gámez dijo que, al igual que el disidente de cuyo secuestro está acusado, se fue de Venezuela en parte porque era un oponente del anterior régimen. Dijo que los gobiernos de Chile y los Estados Unidos lo están usando como chivo expiatorio. “Ojalá yo fuera todo lo que dicen”, dijo. “Obviamente todo líder jefe tiene dinero de sobra y yo no tengo donde caerme muerto”. Cientos de páginas de archivos judiciales de Chile y Estados Unidos pintan un retrato mucho más oscuro de sus actividades y detallan su presunto papel en el caso de Ojeda y otros crímenes. Entrevistas con actuales y antiguos funcionarios de Estados Unidos, Chile, Venezuela y España; la familia y amigos de Ojeda; Gámez y otros, además de los archivos judiciales, presentan una de las crónicas más completas del caso. El crimen El 21 de febrero de 2024, un sedán Nissan robado paró en frente de una torre de apartamentos en Santiago, la capital de Chile, uno de los países más seguros y prósperos de Latinoamérica. Eran las 3:05 de la mañana. Cuatro hombres enmascarados y disfrazados de policías chilenos salieron del auto. En el piso 14, tres de ellos irrumpieron en el apartamento de Ojeda, lo esposaron en frente de su esposa e hijo que estaban aterrorizados, y lo arrastraron afuera, según documentos judiciales y un video de seguridad. Estaba descalzo y vestía solo calzoncillos. Los secuestradores rápidamente llevaron a Ojeda a un escondite en un barrio marginal, donde lo torturaron hasta que murió, dicen los documentos judiciales. Después enterraron sus restos parcialmente descuartizados en una maleta bajo un suelo de cemento recién puesto, según los documentos. Imágenes de un video de seguridad muestran a los secuestradores disfrazados como policías de investigación de Chile mientras irrumpen en el apartamento del piso 14 de Ojeda en Santiago y lo raptan en la madrugada del 21 de febrero de 2024. Obtenido por ProPublica Presuntos miembros del Tren de Aragua disfrazados de policías sujetan a Ojeda en el ascensor después de secuestrarle en frente de su familia aterrorizada. Las autoridades dicen que murió en un escondite de la banda mientras sus captores lo torturaban para sacar información sobre la oposición política venezolana. Obtenido por ProPublica Semanas antes, el régimen de Maduro había públicamente declarado que Ojeda era un traidor. En 2017, Ojeda y otros jóvenes oficiales disidentes habían sido encarcelados y torturados en Venezuela. Ojeda alegó en sus memorias, que fueron publicadas póstumamente, que su tortura había sido ordenada por Cabello. Ojeda en Colombia con el excapitán Anyelo Heredia, un compañero disidente, en diciembre de 2023. Poco después, cruzaron clandestinamente la frontera de Venezuela para hacer tareas de reconocimiento en un plan para instigar una rebelión militar. Los soldados capturaron a Heredia, pero Ojeda pudo escapar. Cortesía de la familia Ojeda Ojeda se refugió en Chile. Pero a finales de 2023, viajó a la frontera de Colombia con Venezuela para intentar fomentar una rebelión militar y a duras penas evitó ser capturado. Durante sus últimos días, Ojeda temió que el régimen viniera a por él, según sus amigos y familia. “Ronald y su esposa habían pensado en lo que podía pasar si alguien golpeara la puerta”, dijo el abogado de su familia, Juan Carlos Manríquez. “Hasta lo habían ensayado. Habían acordado proteger al niño a toda costa y no ofrecer ninguna resistencia”. Una confidencia llevó a la policía chilena hasta el cadáver enterrado de Ojeda nueve días después de su secuestro. Huellas digitales recuperadas en el Nissan abandonado ya habían identificado a un miembro del Tren de Aragua, según las autoridades. Además de los indicios de la participación de la pandilla, los investigadores chilenos sospecharon enseguida que era un crimen político orquestado por el régimen de Maduro, que había abiertamente declarado a la víctima como un enemigo del estado. “Ojeda ya se les había escapado al menos una vez”, dijo Héctor Barros, el fiscal jefe de la investigación. “Era una cuestión personal para el régimen. Ojeda era un objetivo de alta prioridad”. Repartidor para DoorDash Antes de su odisea por las Américas, Gámez creció en Maracaibo, Venezuela, una ciudad portuaria del Caribe. Después del bachillerato, Gámez cayó en la delincuencia menor y fue condenado a cuatro años y tres meses por robo y otros delitos relacionados con un atraco en una residencia, según documentos judiciales venezolanos y su versión de los hechos. Sin embargo, no hay indicios de que se hizo miembro del Tren de Aragua hasta años más tarde, según documentos judiciales y entrevistas. No está claro cuándo y cómo entró en la pandilla, dicen los investigadores chilenos. Hace como una década, Gámez se fue de Venezuela como parte de lo que se ha convertido en el más grande éxodo en masa del hemisferio. Maduro había sido elegido después de la muerte del presidente populista Hugo Chávez. En 2014, el precio del petróleo se había derrumbado, lo que causó inflación, desempleo y escasez de alimentos. Además de la necesidad económica, Gámez dijo que migró porque pertenecía a un partido político que se oponía al régimen cada vez más represivo. Gámez pasó años en Chile, donde trabajó en fábricas de pan y ropa y como barbero. No hay indicios de que tuviera un prontuario criminal durante esa época, según entrevistas y documentos judiciales. Rafael Enrique Gámez Salas mostró su trabajo como barbero en su cuenta de Instagram mientras vivía en Santiago de Chile. Las autoridades dicen que no tuvo antecedentes criminales allí antes de irse a los Estados Unidos, pero alegan que se convirtió en un líder del Tren de Aragua después de volver a Chile en 2023. Captura de pantalla y redacciones por ProPublica En 2021, Gámez y su familia se unieron a un número sin precedentes de inmigrantes que se dirigieron al norte, a Estados Unidos, durante la administración Biden. Se entregaron a agentes fronterizos de EEUU en Arizona y quedaron en libertad a la espera del desenlace de sus procesos de inmigracion. “Todas las personas que venían para aquí decían que había más fuente de trabajo y mejor calidad de vida”, dijo Gámez. “Y también pensé en el futuro de mis hijos y su seguridad porque pensaba que este era un país seguro”. La familia se estableció en Salt Lake City. Gámez dijo que encontró empleos en la cocina de un restaurante y como repartidor para Doordash, a veces trabajando hasta 15 horas al día. “Todo el tiempo que estuve aquí trabajé,” dijo. “Nunca tuve ningún problema”. Hasta diciembre de 2022, cuando un agente de la policía estatal de Texas que patrullaba cerca de la frontera mexicana lo detuvo por conducir con placas vencidas y descubrió que sus pasajeros venezolanos eran indocumentados. Gámez admitió que había acordado transportar a los tres miembros de una familia a Utah, según documentos judiciales. Dijo a ProPublica que era por hacerle un favor a un amigo que es pariente de la familia. Pero los fiscales del condado le imputaron cargos por tráfico ilícito de personas y de un menor, y ICE lo deportó a Venezuela en agosto de 2023. La policía chilena dice que es de ese periodo que consiguieron una primera pista de los vínculos de Gámez con el Tren de Aragua. El gobierno de Venezuela envió unos 11 mil soldados al estado de Aragua para retomar el control de la notoria prisión de Tocorón, el centro de operaciones del Tren de Aragua . Los jefes de la pandilla disfrutaban de lujos surrealistas dentro de la cárcel (un zoo, una discoteca, un local de peleas de gallos) y dirigían tramas criminales que se expandieron por el hemisferio mientras el Tren de Aragua conquistaba las rutas de contrabando y victimizaba a los inmigrantes venezolanos . Aunque el gobierno declaró victoria, sus detractores decían que las autoridades habían advertido a los más altos jefes de la pandilla, incluido Hector Rusthenford “Niño” Guerrero, que lograron escapar de la redada. Gámez no estuvo involucrado y las autoridades chilenas creen que ya había dejado Venezuela rumbo a Chile. Pero los investigadores dicen que una revisión posterior de sus comunicaciones descubrió un post hecho después de la redada en el cual parecía celebrar la fuga de Guerrero. “Tumbaron al castillo, más no al rey,” se leía en su estatus de WhatsApp, según documentos judiciales. “Así que el juego sigue.” Las autoridades dicen que el mensaje sugiere que Gámez puede haber tenido contacto con la pandilla durante su primera estadía en Chile o en Utah. Los investigadores hacen referencia a comunicaciones y testimonios para situarlo de vuelta en Chile como dos meses después de la redada en la prisión. La pandilla venezolana lo puso con rapidez al mando de su filial en Santiago llamada los Piratas de Aragua, conforme a documentos judiciales y entrevistas. “No hay manera de que ascienda tan rápidamente cuando vuelve a Chile sin ya haber estado conectado”, dijo un ex funcionario federal de la ley estadounidense. A principios de 2024, investigadores chilenos dicen que empezaron a detectar rumores acerca de un nuevo jefe de la pandilla, conocido como el Turko, que dirigía una ola de extorsión y secuestros de inmigrantes. La atención pública por el caso Ojeda enfadó a altos jefes del Tren de Aragua, que ordenaron a los secuestradores salir de Chile, según documentos judiciales y entrevistas. Los investigadores dicen que Gámez se fue también y estuvo un tiempo en Perú y Colombia, donde utilizaba su teléfono para supervisar crímenes cometidos por los miembros de la banda que todavía estaban en Santiago, según documentos judiciales y entrevistas. Seis semanas después del asesinato de Ojeda, Gámez se comunicó por texto con ellos cuando intentaron un robo de auto a mano armada que terminó en un tiroteo con un oficial de la policía chilena que estaba fuera de servicio, según documentos judiciales. El oficial y uno de los presuntos pandilleros murieron. Intercambios de mensajes recuperados después del incidente muestran que un agitado Gámez dio instrucciones en tiempo real a los presuntos asesinos mientras huían de la escena del crimen, según documentos judiciales y entrevistas. “La ropa que tenía”, escribió. “Que la boten…De una vez zapatos…Todos”. La policia detuvo a tres sospechosos en el asesinato del oficial de policía y encontraron datos en sus teléfonos que identificaban a Gámez como el Turko, según los documentos. Los datos incluían un abundante lote de comunicaciones reveladoras en las cuales Gámez, siguiendo instrucciones de altos jefes de la pandilla fuera de Chile, presuntamente dirigió el complot para secuestrar a Ojeda, según entrevistas y documentos judiciales. “La vuelta viene de arriba y me están dando la confianza”, Gámez dijo a su banda en un texto, según documentos judiciales. Para mediados de 2024, la policía sabía a quién estaban buscando. Pero no sabía dónde estaba. Fin de una odisea El 30 de diciembre de 2024, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestaron a Gámez después de cruzar cerca de Brownsville, Texas. Llevaba un pasaporte colombiano con un alias para esconder su deportación anterior y esperaba reunirse con su esposa e hijos en Utah, según funcionarios y su versión. Pero una verificación de huellas dactilares reveló su verdadera identidad. Gámez se declaró culpable de un cargo de estar ilegalmente en el país después de haber sido deportado y recibió una sentencia de 13 meses en prisión. También se declaró culpable de un cargo reducido en el caso de tráfico de personas de 2022 y fue sentenciado a 120 días, según documentos judiciales. En Chile, la investigación exhaustiva había ganado impulso. La policía chilena localizó a otros fugitivos en el extranjero con la ayuda de agencias policiales de Estados Unidos y Latinoamérica. Y unos cuantos testigos, que incluían presuntos secuestradores, involucraron a Gamez y al régimen venezolano, de acuerdo con documentos judiciales. Tres de ellos apuntaron a Cabello, según fuentes cercanas al caso. Cabello, a la derecha, con Rodríguez durante el Día Nacional de la Unión Cívico-Militar de Venezuela en abril. Javier Campos/NurPhoto via Getty Images “Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro”, dijo un secuestrador confeso. Cabello presuntamente pagó a Guerrero, el más alto jefe del Tren de Aragua, según aquel testimonio. Otro presunto pandillero testificó que uno de los secuestradores de Ojeda le dijo que el crimen fue “ordenado por el Gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua, y ejecutado por los miembros de la pandilla que estaban en Chile”, según documentos judiciales. “Siendo el dinero pagado por el gobierno”, dijo el presunto pandillero. Hasta ahora, las autoridades dijeron que no tienen otras pruebas que vinculen directamente a Cabello con el crimen, como comunicaciones entre el líder venezolano y los jefes de la pandilla. Pero el año pasado, Chile dio el paso extraordinario de ir a la Corte Penal Internacional para acusar al régimen de Maduro de la muerte de Ojeda. El caso está en la fase preliminar como parte de la investigación de la corte sobre abusos de derechos humanos en Venezuela. Gabriel Boric, quien era presidente de Chile en aquel momento, dijo , “Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo, cuando creen que pueden hacerlo con impunidad”. El gobierno venezolano respondió a las acusaciones de Chile con una declaración que afirmaba que el caso “no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando la desesperación por complacer las agendas que les ordenan desde los EE.UU”. La agenda de Estados Unidos en Venezuela se mantiene bajo un creciente escrutinio. La oposición venezolana, que por mucho tiempo ha contado con el apoyo de EEUU, sigue reclamando la destitución de Cabello y reformas democráticas. Pero prevalece un acuerdo implícito entre Cabello y la administración Trump, según disidentes y actuales y antiguos funcionarios estadounidenses. La administración aprovecha la presión de la acusación penal para asegurar la cooperación de Cabello, mientras Cabello se escuda en su poder para volcar la estabilidad de Venezuela, dijeron. Naranjo, el ex diplomático, dijo que la disposición de Cabello para acomodar a Washington sugiere que va a “permanecer en la escena mucho más tiempo de lo que nadie quiere. Siempre ha demostrado su capacidad para reaccionar y adaptarse, operativa y tácticamente, a las circunstancias que se presentan frente a él”. En una señal reciente y dramática de la alianza en desarrollo con Estados Unidos, Trump anunció el 13 de junio que un ataque de misil estadounidense había matado a Guerrero, el líder del Tren de Aragua, en la zona minera sin ley de Venezuela. Trump dijo que el ataque se había “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes trabajamos muy bien.” La muerte de Guerrero dificultará la labor de los investigadores chilenos para perseguir las acusaciones de que Cabello contrató a la pandilla para atacar a Ojeda, dijeron antiguos funcionarios. Pero la familia de Ojeda y otros disidentes esperan que el juicio en Santiago mostrará que el régimen venezolano, como otros gobiernos autoritarios, reclutó al crimen organizado para mandar un mensaje terrorista a sus enemigos en su tierra y en el extranjero. “Diosdado Cabello es la persona que queremos que sea castigada”, dijo Javier Ojeda, el hermano de la víctima. Las autoridades chilenas dicen que Gámez y otros presuntos jefes de la pandilla que han sido capturados podrían dar más pruebas sobre los supuestos nexos con Cabello. Gámez ha aceptado la extradición, según documentos judiciales, pero el proceso todavía puede demorar unas semanas. Gámez dijo a ProPublica que decidió volver voluntariamente a Chile porque quiere defenderse de los cargos en su contra en las cortes chilenas. Gámez cuestionó la credibilidad de los testigos en su contra, diciendo que uno de los pandilleros confesos “está buscando un botón de escape a cualquier medida, así sea de mentir e inventar cosas”. No respondió a algunas preguntas sobre sus presuntas comunicaciones y otros datos que están en el voluminoso archivo judicial en su contra. Gámez afirmó que lo han convertido en chivo expiatorio por razones políticas. Tanto el gobierno de Chile como el de Estados Unidos, dijo, han utilizado el caso Ojeda para perseguir a venezolanos. Las autoridades chilenas han detenido a muchos venezolanos “para usar eso como estrategia para que la gente se vaya de Chile”, dijo. “Igual como hizo el presidente de aquí…a todos los que agarraba los vinculaba con el Tren de Aragua para arrestarlos y sacarlos del país”. The post Sospechan que contrató a una pandilla venezolana para un asesinato politico. El gobierno Trump sigue trabajando con él. appeared first on ProPublica .